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Tejido social es el entramaje de toda la comunidad. En otras palabras, es el entretejido de las relaciones humanas de una Comunidad, y que constituye en un activo para los individuos y la sociedad pues les permite ampliar sus opciones y oportunidades para mejorar su calidad de vida.


 Para analizar el tejido social en el Cantón Quilanga hay que mirar temporalidad, la del pasado, la de la historia, la de los acumulados, que pretende ser activada y reconducida, según las temporalidades actuales y futuras, de experiencias organizativas previas y muy particularmente de organizaciones comunitarias de base que anclan sus raíces históricas. primero reconocer que el territorio del actual Quilanga fue parte en el pasado aborigen, del gran Señorío de los Colambos, uno de los principales grupos étnicos que conformaron a los Calvas y a la Confederación de los Paltas caracterizados por denodada defensa de la heredad territorial que nos ha sorprendido por su tenacidad, iniciativa y resistencia.

Posteriormente la gran hacienda como actor dominante. Ellos controlaban la mayor parte del territorio, de los recursos productivos y de una buena parte de la mano de obra. Se trataba de grandes terratenientes que la mayor parte de su tiempo vivían en Loja, como “arrimados”, la mayoría blancos o mestizos pobres, que habían aceptado este tipo de relación como única opción de sobrevivencia. Era la hacienda tradicional, que apenas se había modificado en tres siglos: continuaban produciendo caña y habían aumentado su producción de vacunos, puesto que la producción de mulas había disminuido, porque comenzaron a perder importancia por la crisis del comercio regional y los impactos derivados de la construcción de los estados nacionales de Ecuador y Perú

El segundo actor, era la comunidad indígena de Colambo, que tras tres siglos de resistencia se había quedado con las tierras altas de menor calidad. En este período se produjeron dos cambios nacionales fundamentales que impactaron a las comunidades: de una parte, el liderazgo tradicional basado en los caciques fue suprimido, para ser reemplazado por gobernadores indígenas, en cuya elección tomaban parte decisiva los tenientes políticos, lo cual influyó para que llegasen al poder comunitario personas vinculadas al mundo mestizo; y de otra, la supresión de las mitas y del tributo bajó la presión del estado para que los indígenas se vincularan a las haciendas, de manera que éstas, se quedaron sin mitayos indígenas, debiendo optar por vincular a arrimados mestizos y blancos. Sin embargo, en lugar del tributo, se instituyó el cobro del trabajo o contribución subsidiaria, lo cual confirió un gran poder a los tenientes políticos y gobernadores indígenas para movilizar la fuerza de trabajo para realizar obras públicas (compostura y apertura de caminos, especialmente

El tercer actor, son precisamente los blancos y mestizos pobres que comenzaron a formar un centro poblado en Quilanga. Muchos de ellos, que habían llegado en calidad de “arrimados” de la comuna Colambo, se separaron progresivamente de ella y comenzaron a organizar su economía de manera independiente. Algunos adquirieron un pedazo de tierra, desempeñaban algún oficio o realizaban alguna actividad comercial, de manera que comenzó a cobrar vida el pequeño centro poblado. Producto de ello, el Municipio de Loja consideraba a Quilanga como una Viceparroquia

De esta manera, Quilanga dejó de ser una parte de la Comuna Colambo, se diferenció del territorio hacendario y comenzó a tener su propia dinámica. Ello representó un cambio fundamental, puesto que, cambió también la lógica de sus intereses: si bien, la lucha por la tierra entre los quilanguenses de la zona rural aún será importante en los siguientes años, comenzó a preocuparlos el desarrollo de su circunscripción territorial

En estas condiciones de diversidad social y con la estructura tripartita del territorio que se mantenía (personas que vivían en las haciendas como arrimados, personas pertenecientes a las comunas y gente independiente en el pueblo que vivía como comerciantes, arrendatarios de las haciendas o habían logrado un terrenito propio), los quilanguenses estaban retados a encontrar elementos de unidad para forjar su identidad.

Esta temporalidad, con procesos a veces densos y sólidos, y otras veces más efímeros y frágiles, muestra una trayectoria comunitaria rica en experiencias de lucha, de resistencia, de solidaridad, de conflictos y de pertenencia a un nosotros. Una trayectoria que se ha constituido así mismo en saberes y poderes desde la subalternidad, desde la exclusión y la pobreza. Como sabemos, desde sus orígenes , el Cantón se han construido como territorio de resistencia por la reivindicaciones de sus derecho espacios , con actores claramente diferenciados, incluso segregados étnica y/o socialmente, que no compartían un imaginario común, puesto que tenían identidades diversas, modelos productivos distintos e intereses poco coincidentes.

LA RESISTENCIA PALTA

Para entender el proceso de resistencia se debe comprender también el significado de la conquista española operada en 1532, fue sin duda alguna, la experiencia más traumática que debieron soportar los pueblos andinos. No se trataba de una conquista como la incaica, que a pesar de su violencia, se operaba entre pueblos andinos; ésta, la conquista española, fue la de un imperio colonial que miraba como a inferiores a los indios, que no valoraba su civilización y conocimientos, que buscaba extirparles sus dioses y creencias, que les quitó sus recursos y los convirtió en tributarios, mitayos y sirvientes, para el enriquecimiento de las clases altas de la colonia y en función de un proyecto de acumulación imperial a escala mundial.

Los indios de Colambo se dieron cuenta de la voracidad de los españoles, que en pocos años se estaban tomando todas las tierras consideradas baldías o sobrantes (que no estaban en la legua medida para cada comunidad indígena). Por esta razón, varios caciques habían optado por tramitar “mercedes de tierra” y “amparos”, tal como lo hacían los españoles. Esta acción es sorprendente, porque muestra que los caciques pronto advirtieron el objetivo de los españoles y aprendieron a usar (hasta donde les fue posible) las nuevas leyes españolas para tratar de proteger las tierras

La comunidad de Colambo respondió a la desmembración de su territorio con tres tácticas: la ocupación periódica y clandestina de las tierras a través de determinados indígenas que levantaban sus casas y chacras en algún punto de las tierras disputadas; arrendando parte de esas tierras a algún blanco o mestizo necesitado; e incorporando en calidad de comuneros a blancos pobres que no tenían tierra los hacendados pensaron que consolidaban para siempre su propiedad. No fue así: los comuneros de Colambo guardaron en su memoria histórica su legítima propiedad y volvieron a la carga, años más tarde, en los tiempos de la reforma agraria.

LA LUCHA POR LA TIERRA

En 1925-28 se registraron en el territorio de la parroquia o que tenían parte en él, nueve haciendas: Santa Rosa, Trigopamba y Amani, Tuburo, La Elvira, Palotine, La Cría, Cangopita, Lanzaca y La Palma, que controlaban la mayor parte de las tierras, en las que vivían numerosos colonos y arrendatarios. De estas haciendas, los comuneros de Quilanga tenían un especial recuerdo de Tuburo y La Elvira, que se habían creado en las tierras de Ungananche y Jumbochanga que siempre consideraron suyas. La historia de la lucha por la tierra en Quilanga, se dará en buena medida, en estos predios.

El “colono” o “arrimado” era un trabajador interno de la hacienda, que recibía una, dos o tres pequeñas parcelas donde construía una casita para su familia y levantaba una huerta para su manutención, a cambio de lo cual, debía trabajar para la hacienda tres o cuatro días por semana a lo largo del año, desempeñado diversas actividades denominadas “obligaciones”: como vaquero, labrador o como hortelano (encargado de las actividades domésticas de la casa del patrón acarreando agua, partiendo leña, desgranando, dando de comer a los animales, cocinando, actividades en las que ordinariamente, involucraba a su mujer e hijos). Por su parte, el arrendatario, se diferenciaba del “colono” porque debía pagar un canon de arriendo por las tierras, pero en muchos casos debía trabajar para la hacienda, sobre todo en los picos agrícolas. En los dos casos, el patrón debía reconocer las mejoras introducidas en la huerta recibida por el colono o por el arrendatario, en caso de disolverse el compromiso. Para mantener la sujeción del trabajador, el hacendado le realizaba algún tipo de préstamo que el colono no podía pagar. Tampoco el colono quería abandonar la hacienda, porque sencillamente no tenía donde irse. En general, los contratos establecidos entre el patrón y los colonos e incluso los arrendatarios, eran verbales y cambiaban en el tiempo, de acuerdo a los caprichos del dueño de la hacienda o del mayordomo. Sin embargo, las relaciones entre los colonos, arrendatarios y patrones, eran mucho más complejas, debido a que se iban creando una serie afinidades o a veces tensiones, que le daban un carácter personal y casuístico a cada una de ellas. Más aún, debido a que muchos patrones iban una sola vez al año a tomar cuentas al mayordomo, el patrón aparecía como una figura bonachona y lejana, a la que se le guardaba un respeto casi religioso

En 1960, cuatro años antes de la promulgación de la Primera Reforma Agraria, los colonos y arrendatarios de Tuburo y La Elvira suspendieron el pago de las obligaciones, argumentado ser los descendientes de los comuneros de Colambo, para lo cual acompañaron su alegato con el título extendido por Juan Felipe Tamayo de 1721, se reivindicaron como comunidades bajo los nombre de “Jumbochamba, Guayucos y Guacunuma”, y señalaron que las comunidades han sido desde hace algún tiempo objeto de mayor injusticia por parte de gamonales que sin tener títulos y solo amparados en sus privilegios y poderes arbitrarios, han obligado a sus legítimos propietarios a someterse pagando tributos en trabajo o en dinero. Uno de ellos fue el señor Daniel Alvarez Burneo, quien falleció hace 20 años, dejando donación (donación de ajeno) a la llamada Fundación Alvarez Burneo” (Carta al Presidente de la H. Junta Militar de Gobierno, 1962). Los comuneros de Anganuma, Loana y Purunuma les prestaron las escrituras antiguas, y los asesoraron en el alegato: la memoria histórica sobre la propiedad de esa tierra renacía después de 142 años del último fallo en contra de las comunidades, pero esta vez, reivindicado por la población blancomestiza que había incorporado la hacienda.

Los luchadores por la tierra establecieron relaciones con la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, y con su filial la federación Provincial de Trabjadores de Loja, FTL. Se comprometieron a “luchar por la devolución de las tierras comunales, no pagar los arriendos, luchar contra los desalojos y utilizar todos los medios en el caso de que fueran desalojados”. Esa relación se convirtió en una escuela política que les permitió ligar el tema de la tierra con otros problemas de la parroquia. Allí se formaron dirigentes como Agustín Hidalgo, Miguel Cueva, Godolías Pérez, Ramón Torres, entre otros, que condujeron el proceso con pasión y talento. En uno de esos cursos, los campesinos formularon con su propio puño y letra un interesante programa parroquial que muestra la madurez que habían logrado y la influencia del sindicalismo de izquierda, que bien vale recogerlo. Plantearon la necesidad de “un Colegio de ciclo Básico para el centro de nuestro pueblo”, “una fábrica de cemento por encontrarse mui difícil de las fábricas del norte”, “agua potable, vías carrozables, protección en la vivienda…ayuda técnica… la distribución de la tierra a los trabajadores de acuerdo al estado familiar gratuitamente al agricultor” “restitución directa de nuestras comunidades campesinas bajo el marco de títulos riales” y finalizaron señalando que “nuestros grupos en general repudiamos la esplotacion de los Americanos en todas nuestras comunidades

Para resolver ese impasse, las haciendas pasaron a propiedad de la Junta de Recuperación de Loja y Zamora Chinchipe en 1962, transformándose el conflicto en un tema entre el Estado y los campesinos, forma como se procesaron la mayoría de conflictos por la tierra en Loja, en los que, las tierras con las leyes de reforma agraria y abolición del trabajo precario fueron pagadas por el IERAC y más tarde repartidas o vendidas a los trabajadores. Fue una solución estupenda para los terratenientes que plata en mano se llevaron los capitales a Quito o los invirtieron en otros negocios.

Sin embargo, el conflicto demoró varios años en solucionarse. En 1963 el Ministerio de Previsión Social negó la restitución de las tierras pedida por las comunas de Jumbochamba, Guayucos y Guacupamba. La Junta de Recuperación intentó poner una administración propia en 1964 (un Administrador-Recaudador) con 400 sucres de sueldo, más el 5% de los valores que recaude de las haciendas. En ese momento, la lucha alcanzó su pico más conflictivo, cuando en febrero de 1964, el ejército intervino para amedrentar a los trabajadores, momento en el que, según nos lo relató doña Sebastiana Jaramillo, fueron las mujeres las que enfrentaron al ejército. Con la expedición de la Ley de Reforma Agraria, los campesinos solicitaron al IERAC la entrega gratuita de los predios, pero lo hicieron como una restitución de tierras en representación de sus comunas, cuestión que fue negada por el IERAC. Este organismo les planteó cambiar la figura legal, sugirieron que se conviertan en cooperativa, y que reclamen las tierras por posesión comprobada por más de diez años.

El problema de la figura organizativa que debían asumir (comuna o cooperativa) se debatió largo tiempo en su interior. De una parte, algunos de los campesinos tenían cierta tradición comunitaria, pero la mayoría no la tenían, puesto que habían sido reclutados por la hacienda. La presión de las autoridades porque asuman una forma organizativa considerada “moderna” también era importante. No obstante, los campesinos persistieron en su organización comunitaria por varios años, sobre todo para intentar normar el acceso de las familias a la tierra, que ocasionaba varios conflictos internos, más aún, por la venta de acciones que muchos campesinos habían realizado. La comuna también les permitía tener un terreno comunitario, organizar sus centros poblados, construir sus locales escolares y reclamar obras específicas. Finalmente, los campesinos recibieron los lotes de tierra, pero la organización en comunas no sobrevivió. La conversión en parroquias les dio un horizonte distinto, apagó sus impulsos comunitaristas y los incorporó a la administración jurídico-política del estado.

LA CANTONIZACIÓN Y EL DESARROLLO

Con la creación de Gonzanamá el 30 de septiembre de 1943, la parroquia de Quilanga pasó a pertenecer a este nuevo cantón. Los quilanguenses esperaban que este cambio hubiera resultado beneficioso a su desarrollo porque al pertenecer a un cantón más pequeño, aumentarían su peso político, sin embargo, las escasísimas rentas del municipio, el centralismo que privilegió a la cabecera cantonal y la escasa representación de las parroquias y de la población rural en este organismo, mantuvieron el estado de abandono de la parroquia. A ello deberíamos sumar causas estructurales de larga vigencia: la persistencia de una hacienda tradicional estancada que mantenía en condiciones serviles y precarias a la mayoría de la población y que adicionalmente descapitalizaba a la zona, puesto que sus propietarios seguían sacando fuera del espacio las rentas que producía el trabajo de los arrimados, arrendatarios y colonos generaba; y la implementación de un modelo de ordenamiento que revisar para que privilegió el comercio (entrada y salida de bienes y servicios) a través de su conexión longitudinal (con Catamayo-Loja y con Cariamanga) más que la integración vertical del territorio, para integrar a las parroquias, desde las alturas del Colambo hasta el río Catamayo, como lo habían hecho los pueblos ancestrales, que basaron su modelo de desarrollo en la integración vertical de la zona caliente, templada y fría, tanto para lograr una producción diversificada, como para manejar adecuadamente la biodiversidad, el ambiente y especialmente la escasa agua, indispensable para una producción intensiva.

Como reacción frente a ese abandono, los pobladores de Quilanga comenzaron a soñar que sus problemas podrían solucionarse si lograban mayor autonomía y si apostaban al desarrollo ,la opinión del cura Segundo Maldonado Reyes, que vio en la parroquialización una alternativa a la organización comunal que impulsaba la dirigencia local que luchaba contra los patrones por la tierra. Se conformó entonces un Comité Pro-parroquialización que estuvo presidido por don Daniel Salinas y coordinado por el padre Segundo Maldonado Reyes. El 4 de agosto de 1961, el Municipio de Gonzanamá creó la parroquia de San Antonio de las Aradas, en reconocimiento al enorme esfuerzo de sus habitantes, que por su iniciativa habían construido su centro poblado. La parroquialización golpeó al proyecto de comunalización, que comenzó a perder fuerza, aunque como hemos dicho, se mantuvo en el ideario campesino por varios años.

Este impulso por el desarrollo en Quilanga se manifestó en la década 1950-60 en la construcción a pulso y en mingas a través de una especie de “conscripción cívica” de la vía Quilanga-Gonzanamá; la construcción del templo a San Roque, la escuela Manuel Carrión Pinzano, la escuela de niñas “Francia”; y en la década 60-70 del convento para la curia, se inició la construcción de la vía Quilanga-Amaluza y una serie de escuelitas en los diversos barrios.

Los quilanguenses creyeron que no debían perder la esperanza continuaron bregando por la dotación de nuevas obras, como el subcentro de salud en 1975, el sistema de agua potable para Quilanga en 1977, el inicio de la construcción del complejo deportivo en 1982, las pequeñas represas de Chambarango y Anayacu construidas entre 1981 y 1986 que beneficiaron a unos 200 agricultores, una serie de colegios y escuelas en los diversos barrios, el desarrollo urbanístico de la ciudad (calles, veredas, parque) y la instalación de diversos servicios (Correo, Registro civil, Policía rural, entre otros). Sin embargo, la realización de estas importantes obras, no cambiaron la economía de los quilanguenses: a partir de 1976, se produjo un imparable proceso migratorio, que no se ha detenido hasta el momento

En realidad, la mayor apuesta de los quilanguenses fue la cantonización, bajo la expectativa que llegarían directamente las rentas estatales y que con mayor autonomía fabricarían su propio desarrollo. El descontento con Gonzanamá había crecido considerablemente, porque se consideraba que no había un reparto equitativo de las rentas municipales a las parroquias. El 11 de noviembre de 1980, por iniciativa del párroco, el quilanguense Manuel Enrique Rojas, se convocó a una asamblea popular que decidió conformar la Junta Cívica Procantonización de Quilanga, en la que se designó como presidente a Holger Castillo, Angel Jaramillo como Vicepresidente, Angel Marín Rojas como Secretario, Juan Rojas como Pro-secretario, Nelson Luna como Tesorero y el padre Manuel Rojas como Coordinador General. Lo novedoso de este proceso que se inició formalmente en ese año, fue la alta movilización social que logró, lo cual refleja las expectativas que se tenía sobre ese objetivo

Sin embargo, la propuesta de desarrollo más consistente que recibieron fue de PREDESUR en 1974 denominada “Proyecto de la Cuenca Piloto Pindo-Calvas” que incluía a la mayor parte del territorio de Quilanga, así como a los cantones de Gonzanamá y Calvas. La propuesta que debía implementarse en cinco años se inspiraba en los paradigmas del desarrollo de aquellos tiempos, que creía que la reforma agraria, seguida de una modernización de la producción, apoyada en la “revolución verde.

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