Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gkf06j4ualmp/public_html/wp-content/plugins/mowomo-redes-sociales/includes/frontend/class.mwm-rrss.php on line 312

RESOLUCIÓN DE ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Por disposición del Sr. Dr. Flores Criollo Edgar Cristóbal, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Gonzanamá, se procede a publicar su resolución, dentro del proceso 11308202100074, misma que transcrita textualmente es la siguiente:

Gonzanama, jueves 6 de mayo del 2021, las 16h21, V I S T O S: Los señores LIC. ÁNGEL POLIVIO MARÍN ROJAS, SR. LILO JAVIER CALVA ROJAS, ING. JHOANNA CALVA LANDACAY Y LIC. DEICY LETICIA CUEVA CUEVA, comparece de fs.1 a 39 de los autos deduciendo acción constitucional de acceso a la información pública en contra de los personeros del GAD MUNICIPAL DE QUILANGA, LIC. MALVIN FREDY CUEVA ROJAS y DR. JHON LENIN PARDO ORTIZ, en sus calidades de Alcalde y Procurador Síndico, en su orden, y solicitando se cuente con la Delegada de la Procuraduría General del Estado en Loja, para que se les conceda la acción de acceso a la información pública prevista en el Art.91 de la Constitución de la República en concordancia con los Arts.47 y 48 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, previo el trámite de ley, se declare la vulneración de su derecho al acceso a la información pública y se disponga que dichos personeros municipales en un término perentorio entreguen la información y documentación solicitada mediante los oficios descritos y singularizados desde el numeral 3.1.1 al 3.1.13 de su demanda, destinadas a cesar y remediar inmediatamente las consecuencias de la violación de dicho derecho, declarándose la violación del derecho constitucional señalado como se ordene la reparación integral, material e inmaterial así como todos los gastos incurridos en la presente acción.- Aceptada a trámite la acción de acceso a la información pública, se ha fijado día y hora para que tenga lugar la audiencia oral, pública y contradictoria a la que se refiere el numeral 2. del Art. 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, diligencia cumplida el día martes 04 de mayo del 2021 a las 15h40, asistiendo a la diligencia las siguientes partes: Los accionantes LIC. ÁNGEL POLIVIO MARÍN ROJAS, SR. LILO JAVIER CALVA ROJAS, ING. JHOANNA CALVA LANDACAY Y LIC. DEICY LETICIA CUEVA CUEVA, acompañados de su abogado defensor Dr. Jorge Jaramillo Villamagua; el LIC. MALVIN FREDY CUEVA ROJAS y DR. JHON LENIN PARDO ORTIZ, en sus calidades de Alcalde y Procurador Síndico en su orden del Municipio de Quilanga; dejando constancia que por la Procuraduría General del Estado no comparece abogado alguno. Diligencia celebrada mediante audiencia telemática mediante la plataforma zoom, siendo a través de este medio por el cual comparecieron todos. Escuchadas las partes en su orden y luego que han expuestos sus argumentos para la procedencia o improcedencia de la acción planteada, el suscrito así mismo en forma oral resolví ACEPTAR la presente acción de acceso a la información pública, por lo que esta decisión se reduce a escrito bajo las siguientes consideraciones: PRIMERA: No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que vicie el presente trámite sumarísimo o que pueda influir en la decisión de la causa, por lo que se declara la validez de todo lo actuado. SEGUNDA: Soy competente para conocer y resolver el presente asunto constitucional de esta jurisdicción, por las facultades de las cuales me hallo investido y por lo previsto en el Art.245 del Código Orgánico de la Función Judicial, en relación con lo dispuesto en el Art.6.10. de la Resolución Nro.207-2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicada en el S.R.O. Nro.354 del 15 de octubre del 2015; además, el Art.86 de la Constitución de la República en su parte pertinente está señalando que: “Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes disposiciones: Numeral “2.- Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos…”, en concordancia con los Arts.7 y 167 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que estipulan lo siguiente en su orden: “Será competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. (…)”; “Compete a las juezas y jueces de primer nivel conocer y resolver, en primera instancia, la acción de protección, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública, petición de medidas cautelares, y ejercer control concreto en los términos establecidos en esta Ley”. TERCERA: Los accionantes en lo principal de su libelo de demanda dicen: “…TERCERO.- FUNDAMENTOS DE HECHO – DESCRIPCION DEL ACTO U OMISION VIOLATORIO Y RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS 3.1. DE LOS HECHOS Señor Juez, los comparecientes mediante reiterados oficios remitidos al señor Alcalde del Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Quilanga, Lcdo. Malvin Cueva Rojas, hemos solicitado documentación e información de carácter pública que nos permita ejercer nuestras labores de fiscalización determinadas en el Art.58, literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en conexidad con el derecho al acceso a la información pública, conforme detallamos a continuación: 3.1.1. Con oficio No. DLCC/004 de 31 de Julio de 2019 y su correspondiente constancia de recepción de la misma fecha, la Concejala Rural, Lic. Deicy Leticia Cueva, solicitó que a través del departamento correspondiente nos haga llegar el informe técnico, jurídico y económico sobre la obra que se ejecuta en el barrio la Libertad del cantón en mención, «Alcantarillado para el barrio La Libertad». 3.1.2. Mediante oficio N° DLCC/005 de 28 de agosto de 2019 con su respectiva fe de recepción de la misma fecha, las 16:40, la Concejala Rural Lic. Deicy Leticia Cueva, solicitó que a través del departamento Financiero, el informe sobre el estado de las deudas flotantes que constan en la proforma presupuestaria para el ejercicio financiero del año 2019, en función a las directrices del «Sistema de Agua de la ciudad de Quilanga», y «Remodelación del Mercado y Coliseo de la Ciudad de Quilanga». 3.1.3. Con oficio de fecha 06 de enero de 2020 con su respectiva firma de recibido en la misma fecha, la Concejal Rural, Lic. Deicy Leticia Cueva, solicite que a través de Secretaria General se me otorgue la copia de actas de las sesiones efectuadas durante el 2019. 3.1.4. Mediante oficio N° DLCC /006 enviado el 20 de enero de 2020, con su respectiva fe de presentación de la misma fecha, la Concejala Rural, Lic. Deicy Leticia Cueva, solicitó de manera urgente que a través del departamento de Planificación, se le haga llegar una copia de los resultados que presento la Arq. Edita Jaramillo responsable de consultoría, sobre la actualización del catastro, documento requerido para el análisis del Proyecto de Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros Urbanos, la Determinación, Administración y Recaudación del Impuesto de los Predios Urbanos en el Cantón Quilanga para el Bienio 2020-2021; sin obtener respuesta alguna hasta la presente fecha. 3.1.5. Mediante oficio enviado a la máxima autoridad del GAD del Cantón Quilanga con fecha 31 de enero de 2020 con su respectiva firma de recepción de la misma fecha, las 16:30, la Concejala Rural Lic. Deicy Leticia Cueva, a través del departamento correspondiente solicitó se le facilite la copia de los resultados del examen especial realizado por parte de Contraloría General del Estado, a la consultora Arq. Edita Jaramillo, quien hizo la actualización del catastro en el Cantón Quilanga, además de las resoluciones de los títulos prediales dados de baja durante el 2018 y 2019. 3.1.6. Mediante oficio N° CMQ/016, de fecha 28 de agosto 2020 con su respectiva firma de recibido de la misma fecha, las Concejalas Ing. Jhoanna Calva y Lic. Deicy Leticia Cueva; solicitaron que a través del departamento financiero, se emita un informe sobre que funcionarios y trabajadores se acogieron a su derecho de jubilación durante el periodo 2019 y 2020, en el que se incluya: nombre del jubilado, acta de finiquito, montos y la forma de pago que realizó el Gobierno Municipal del Cantón Quilanga. 3.1.7. Con oficio N° 019 SC-GADQ, enviado a la máxima autoridad del GAD del Cantón Quilanga con fecha 16 de octubre de 2020 con su respectiva firma de recibido en la misma fecha, los concejales Lic. Ángel Marín Rojas, Ing. Jhoanna Calva y Lic. Deicy Leticia Cueva; solicitaron que por intermedio del Jefe de la Unidad de Talento Humano, Jefe Financiero y Asesor Jurídico, se les emita un informe sobre la base legal en la que se fundamentaron pare desvincular a cuatro funcionarios de la institución y como calcularon su indemnización, edemas de las partidas presupuestarias utilizadas para el efecto. Así mismo, se pide una copia certificada de la resolución Nro. 002-2020-A-GADC-Q de fecha 8 de octubre del 2020; sin obtener respuesta alguna hasta la presente fecha. 3.1.8. En el oficio de fecha 21 de octubre de 2020, con su respectiva fe de presentación de la misma fecha, la Concejala Rural, Lic. Deicy Leticia Cueva, tras la solicitud presentada con fecha 28 de agosto de 2019, solicitó que a través del departamento financiero, se le haga llegar el informe sobre el estado (Adjuntar copies del SPI, Sistema de Pagos Interbancarios) realizados a la fecha de las deudas flotantes constantes en la proforma presupuestaria para el ejercicio financiero del año 2019, «Sistema de agua de Santa Bárbara», «Sistema de Pisaca, Ungananchi-La Elvira»; «Sistema de Agua de la ciudad de Quilanga» «Remodelación del Mercado» y «Coliseo de la Ciudad de Quilanga». Recordando que el pedido incluso fue planteado en Sesión de Concejo, con fecha 24 de julio de 2019. 3.1.9. Mediante oficio N° 030-SC-GADMQ, enviado el 13 de noviembre de 2020, a la máxima autoridad del GAD del Cantón Quilanga y con su respectiva fe de recepción con de la misma fecha, los concejales Lic. Ángel Marín Rojas, Ing. Jhoanna Calva y Lic. Deicy Leticia Cueva; manifestaron que Contraloría General del Estado a través de la Unidad de Auditoria Interne del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quilanga, realizó el examen especial a los procesos de selección, de vinculación y de evaluación de desempeño de talento humano, ante las observaciones o recomendaciones por la institución al inicio mencionada, solicitando informar respecto a que acciones ha tomado el GAD municipal pare cumplirlas. 3.1.10. Con oficio N°032-SC-GADMQ-2020 de fecha 01 de diciembre de 2020 con su respectiva fe de presentación de 02 de diciembre de 2020, los concejales Lic. Ángel Marín Rojas, Ing. Jhoanna Calve y Lic. Deicy Leticia Cueva, solicitamos a través del Jefe de Talento Humano, Financiero y Asesor Jurídico nos haga llegar un informe sobre la base legal en la que se fundamentaron para desvincular a cuatro funcionarios de la institución y como calcularon la indemnización, además de las partidas presupuestarias utilizadas para el efecto, además se solicitó una copia certificada de la Resolución Nro. 002-2020-A-GAD-C con fecha 08 de octubre de 2020 y la insistencia de lo solicitado con fecha 13 de noviembre de 2020. 3.1.11. En el oficio N° 031-SC-GADMQ-2020 enviado el 02 de diciembre de 2020, a la máxima autoridad del GAD del Cantón Quilanga y con su respectiva firma de recibido con la misma fecha, los concejales Lic. Ángel Marín Rojas, Ing. Jhoanna Calva y Lic. Deicy Leticia Cueva; solicitaron se autorice y disponga a las partes pertinentes municipales, se les entregue copias certificadas de todos los procesos de adquisición de materiales, de bioseguridad y kit alimenticios realizados dentro de la Emergencia Sanitaria Covid-19, por parte de GAD de Quilanga. 3.1.12. Mediante oficio enviado el 28 de enero de 2021, con su respectiva fe de presentación de la misma fecha, los concejales Lic. Ángel Marín Rojas, Lic. Lilo Javier Calva y Arq. Alex Jehonel Ojeda; solicitamos se informe si consta la orden de movilización de la maquinaria del GAD Municipal del día miércoles 27 de enero de 2021, misma que se encontraba desarrollando actividades de mantenimiento de la vialidad en el Barrio «Anganuma», de constar dicha orden se requirió se les facilite una copia certificada. 3.1.13. Mediante oficio N° 032-SC-GADMQ, enviado el 12 marzo de 2021, con su respectiva firma de recibido con la misma fecha, los concejales Lic. Lilo Javier Calva, Ing. Jhoanna Calva, Lic. Deicy Leticia Cueva y Sra. Lucrecia Betancourth, solicitamos una copia certificada, para cada concejal, de la Proforma Presupuestaria para el Ejercicio Financiero del año 2021, misma que fue aprobada en el seno del Concejo el día viernes 04 de diciembre de 2020; así como tambien copia certificada de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. De los trece pedidos de entrega de información y documentación realizados al señor Alcalde del cantón Quilanga, Lcdo. Malvin Cueva Rojas, descritos y singularizados en líneas anteriores NO HEMOS RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA HASTA LA PRESENTE FECHA, Y PEOR AÚN ENTREGA DE DOCUMENTACION E INFORMACION, evidenciándose una vulneración a nuestros derechos de acceso a la información pública generada en el GAD Municipal del cantón Quilanga, la cual debe ser conocida, revisada y analizada por los comparecientes no solamente como ciudadanos, sino además como funcionarios de elección popular en ejercicio de nuestra labor de fiscalización conferida por mandato legal. CUARTO.- FUNDAMENTOS DE DERECHO – DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN TRANGREDIDOS 0 AMENAZADOS 4.1. Fundamentos de derecho constitucional y marco legal: CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley. Art.66, numeral 23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo. Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizaran su cumplimiento. 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demos derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Sera inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL Art. 47.- Objeto y ámbito de protección.- Esta acción tiene por objeto garantizar el acceso a la información pública, cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, cuando se creyere que la información proporcionada no es completa o ha sido alterada o cuando se ha negado al acceso físico a las fuentes de información. También procederá la acción cuando la denegación de información se sustente en el carácter secreto o reservado de la misma. Se considerará información pública toda aquella que emane o que este en poder de entidades del sector público o entidades privadas que, para el tema materia de la información, tengan participación del Estado o sean concesionarios de este. No se podrá acceder a información pública que tenga el carácter de confidencial o reservada, declarada en los términos establecidos por la ley. Tampoco se podrá acceder a la información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas. LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA: Art. 9.- Responsabilidad sobre la entrega de la Información Pública.- El titular de la entidad o representante legal, será el responsable y garantizara la atención suficiente y necesaria a la publicidad de la información pública, así como su libertad de acceso. Su responsabilidad será recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información, en el plazo perentorio de diez días, mismo que puede prorrogarse por cinco días más, por causas debidamente justificadas e informadas al peticionario. Art. 21.- Denegación de la Información.- La denegación de acceso a la información o la falta de contestación a la solicitud, en el plazo señalado en la ley, dará lugar a los recursos administrativos, judiciales y constitucionales pertinentes y, a la imposición a los funcionarios, de las sanciones establecidas en esta Ley. CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN: Art. 58.- Atribuciones de los concejales o concejalas.- Los concejales o concejalas serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades competentes por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozaran de fuero de corte provincial. Tienen las siguientes atribuciones: a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo municipal; b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal; c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las comisiones, delegaciones y representaciones que designe el concejo municipal; y, d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este Código y la ley. 4.2. De la Procedencia de la Presente Acción de Acceso a la Información Pública: Es menester señalar que la presente Acción de Acceso a la Información Publica cumple con todos los requisitos establecidos en el Art. 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de forma que su procedencia se justifica de la siguiente forma: 1. Denegación expresa o tácita en la entrega de la información pública.- Respecto del primer requisito, se evidencia palmariamente que la entidad demandada, representada legalmente por el señor Alcalde no ha entregado la información solicitada, evidenciándose una negativa tacita al acceso físico a las fuentes de información, más aún cuando existe la responsabilidad jurídica de hacerlo. 2. Información Pública.- La información y documentación solicitada es información de naturaleza pública, ya que emana y está en poder de una entidad del sector público como es el GAD Municipal del cantón Quilanga y la misma no se halla investida del principio de reserva o confidencialidad, ni tampoco se trata de información estratégica o sensible a los intereses de una empresa pública. 3. Cumplimiento de norma especial para efectos de presentación de la acción.- La violación del derecho de acceso a la información pública se origina en el Gobierno autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quilanga, que es el lugar en donde reposa la información y documentación solicitada, se prevé la inexistencia de un mecanismo de defensa judicial que le permita al ciudadano ejercer la tutela judicial efectiva de su derecho constitucional al debido proceso y seguridad jurídica. 4.4. Argumento Conclusivo Analizados los elementos probatorios y la normativa vigente, los accionantes consideramos que se ha vulnerado palmariamente nuestros derechos de acceso a la información pública, tomando en consideración que la normativa que fundamenta la presente acción permite un acceso efectivo, eficaz y expedito a la misma. 4.5. Derecho fundamental vulnerado Señor Juez Constitucional, el derecho vulnerado es el derecho de acceso a la información pública, y especialmente, el derecho a no ser sometidos a restricciones arbitrarias o poco razonables para el acceso a la misma, conforme ya lo ha determinado incluso la Corte Constitucional mediante sentencia No. 161-18-SEP-CC1. El derecho de acceder a la, información pública, está determinado en nuestra Constitución en el Art. 18.2, que dice: «Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información». Este derecho se articula con el de petición, establecido en el Art. 66, numeral 23 ibidem. El acceso a la información pública se encuentra consignado también en los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos, que forman parte del Bloque de Constitucionalidad, concretamente en el Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos; también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuando en su artículo 19 se refiere a las libertades de opinión, expresión e información. Hay consenso de que la regla es el acceso general a la información que reposa en el Estado (principio de la máxima divulgación), como condición fundamental para la existencia del Estado Democrático, respetuoso de los derechos de las personas. Esto, como ha dicho nuestra Corte Constitucional, para «garantizar el derecho a acceder a las fuentes de información como medio de participación democrática respecto del manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos los funcionarios e instituciones del Estado y que es necesario que se haga efectivo el principio de publicidad de los actos, contratos y gestiones de las instituciones financiadas con recursos públicos». Como garantías de este derecho; es decir, como mecanismos que permita su vigencia material, nuestro ordenamiento interno nos entrega algunas alternativas, a saber: 1) Administrativa: la posibilidad de acceder directamente ante la entidad pidiendo la información, conforme el procedimiento y condiciones que constan en el Art. 19 y 20 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2) Judicial: el recurso de acceso a la información, que debe interponerse en las instancias judiciales: Juez Civil o Tribunal de Instancia, conforme el Art. 22 de la misma Ley; 3) Constitucional: la ACCION de acceso a la información pública, como garantía constitucional jurisdiccional, en la forma prevista en el Art.91 de la Constitución y Arts.47 y 48 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, la Constitución de la República concede a toda persona el derecho de buscar y recibir información de manera general, y con ella poder intercambiar, producir, difundir sin censura previa, pero con responsabilidad ulterior. Ahora bien, conforme se desprende de las disposiciones citadas, nuestro ordenamiento jurídico por una parte modula la regulación respecto al acceso a la información pública y la obligación de las instituciones del Estado de cumplir con este mandato constitucional, determinando por una parte en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a partir del Art. 19 y siguientes el proceso administrativo y judicial para acceder a la misma; y, en ese sentido, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 227 de la Constitución, respecto a la obligatoriedad de que toda institución o empresa pública cumpla con transparencia su administración, debiendo inclusive difundir obligatoriamente información pública en su portal de información o página web; para finalmente, en el Art. 15 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prever la procedencia de esta acción, al señalar que: «si la autoridad ante quien se hubiera presentado una solicitud de acceso a la información, la negare, no la contestare dentro del plazo establecido en la ley y su Reglamento, o lo hiciere de forma incompleta, de manera que no satisfaga la solicitud presentada, FACULTARA AL PETICIONARIO A PRESENTAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES, 0 LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES QUE CREYERE CONVENIENTE», siendo totalmente facultativo para el ciudadano escoger la vía más idónea para garantizar la tutela de sus derechos vulnerados. En esta misma línea de ideas, inclusive la Corte Constitucional del Ecuador en su sentencia No.107-17 SEP-CC 2, ha determinado que la normativa constitucional y legal, así como del criterio jurisprudencial que preceden, se desprende que el acceso a la información pública constituye un derecho constitucional y una garantía jurisdiccional que permite que las personas puedan acceder a la información considerada como publica, que consiste en todo documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones o personas jurídicas públicas; contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado. QUINTO.-ELEMENTOS PROBATORIOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, me permito enunciar las pruebas que demuestran la existencia de la acción y omisión que en esta causa produce violación al derecho ut supra. De forma que todos los antecedentes indicados se prueban con los documentos anexados en 14 fojas útiles que contienen los oficios mediante los cuales hemos solicitado el acceso a la información pública tácitamente denegada por la máxima autoridad municipal. SEXTA.-PRETENSIONES PROCESALES Por todo lo expuesto, acudimos antes su autoridad con la presente acción de garantías jurisdiccionales de Acceso a la Información Pública para que una vez desarrollado el debido proceso, en sentencia resuelva: 6.1.- Que se declare la vulneración de nuestro derecho al Acceso a la información Pública y se disponga en un término perentorio al Lic. Malvin Fredy Cueva Rojas, Alcalde del Cantón Quilanga la entrega de la información y documentación solicitada mediante los oficios descritos y singularizados desde el numeral 3.1.1 al 3.1.14 de la presente demanda. COMO REPARACION INTEGRAL SE SERVIRA DISPONER: 6.2.- Que se deje constancia de la prohibición de repetición de este tipo de accionar lesivo a los derechos fundamentales debiendo publicarse en la página web del GAD Municipal del cantón Quilanga una carta de disculpas públicas al noble pueblo del cantón Quilanga, conforme ya lo ha determinado la Corte Constitucional del Ecuador en casos similares (sentencia No. 0146-14-SEP-CC); y además se disponga que el Lcdo. Malvin Cueva Rojas, Alcalde del cantón Quilanga y los directores departamentales del GAD Municipal del cantón Quilanga sean debidamente capacitados en esta temática por parte de la Defensoría del Pueblo. 6.3.- Que la Defensoría del Pueblo vigile e informe a su autoridad, el cumplimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quilanga, de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6.4.- Que se disponga como reparación material al Lcdo. Malvin Cueva Rojas, Alcalde del cantón Quilanga el pago de los gastos incurridos en el presente proceso de garantías jurisdiccionales incluidos los honorarios de nuestro defensor…”. CUARTA: 4.1.- Dentro de la audiencia respectiva, los accionantes a través de su defensa técnica ejercida por el Dr. Jorge Jaramillo Villamagua, ratificándose en los fundamentos de hecho y derecho de su demanda, hace un análisis de los mismos, insistiendo que los personeros municipales que representan a la entidad violaron el derecho constitucional reclamado de acceso a la información pública, ya que ni siquiera han recibido una contestación oportuna sobre sus peticiones a la información, produciéndose una denegación tácita a la misma, creyendo las autoridades municipales que la información producida en la entidad es como suya propia negándose a entregarla, cuya denegación tácita violenta su derecho reconocido legal y constitucionalmente, más aún que tienen la calidad de concejales del cantón y que dicha información pública requerida la necesitan para cumplir su trabajo de control y fiscalización que la ley les ordena, por lo que termina su intervención, solicitando se acepte la acción planteada y que se disponga mediante sentencia, se entregue la información solicitada como se ordene la reparación correspondiente que solicitan en su demanda. 4.2.- El Dr. JHON LENIN PARDO ORTIZ, en representación de la entidad accionada, en su calidad de Procurador Síndico del GAD Municipal de Quilanga y a nombre del señor Alcalde, en lo principal de su intervención contestando la acción, sostiene: “… 2.1.- En oficio DLCC/004 de fecha 31 de Julio de 2019, se solicita se haga llegar informes técnicos, jurídico y económico sobre la Obra Alcantarillado sanitario para el Barrio La Libertad. Los señores concejales, al igual que cualquier persona natural, tiene acceso libre a Ia página del SERCOP, en Ia cual pudieron realizar las consultas respectivas sobre lo que solicitan de Ia referida obra, sin necesidad de que el personal del GAD que cumple funciones específicas y a tiempo completo, tengan que dejar sus actividades para ingresar a la página del SERCOP y darles verificando Ia información que bien pueden hacerlo los señores concejales. 2.2.- Oficio No. DLCC/05 de 28 de agosto de 2019, se solicita información sobre deudas flotantes que constan en la Proforma Presupuestaria para el ejercicio económico del año 2019. De igual manera, los señores concejales tienen libre acceso a Ia información que se encuentra registrada en Ia página del Ministerio de economía, donde bien pudieron realizar las consultas de los estados financieros del GAD del Cantón Quilanga; en este caso, la liquidación del presupuesto del año 2018 y las deudas flotantes que solicitan de obras Sistemas de Agua Santa Bárbara; Pizaca, Ungananchi, La Elvira, de Ia Ciudad de Quilanga; y, de las obras Remodelación del Mercado y Coliseo de la ciudad de Quilanga. 2.3.- Oficio de fecha 06 de enero del 2020, solicitando copias de las sesiones efectuadas durante el 2019. El pedido no es claro en virtud de que no especifica qué sesiones se trata, si son del concejo municipal de Ia administración anterior o de Ia actual, de las diferentes comisiones que son conformadas por los señores concejales, de la comisión de adquisiciones, no lo específica, sin embargo, por parte del Sr. Secretario del GAD del Cantón Quilanga, se procedió a sacar copias de actas de concejo municipal de esta administración y en forma verbal se manifestó a Ia solicitante, que corresponde un valor de $1,00 dólar por cada hoja que se reproduzca, en base a Ia ordenanza aprobada por los accionantes. 2.4.- Oficio DLCC/006 de 20 de enero de 2020; y, oficio de fecha 31 de enero del 2020; en los cuales requieren copia de los resultados de la consultoría sobre la actualización del Catastro Urbano en el Cantón Quilanga y examen especial realizado por la Contraloría a dicha consultoría. Todos los señores concejales fueron partícipes de varias reuniones y de comisiones a la ciudad de Loja, específicamente a las oficinas de Ia consultora Arq. Edita Jaramillo y a Ia contraloría en la ciudad de Loja, con la finalidad de hacer efectiva la Garantía Técnica que establece la Ley para las consultorías, cuando se establezca que dicho trabajo no está acorde a los requerimientos de la Institución, información que la saben los señores concejales por haber sido partícipes, en sesiones de concejo, donde para cada punto específico del orden del día el Sr. Secretario General les adjunta para conocimiento y debate correspondiente y también por las reuniones mantenidas con la consultora; de Ia misma manera los señores concejales tienen libertad del acceso correspondiente a Ia página de Ia Contraloría General del Estado, donde pudieron descargar el examen solicitado por ellos. 2.5.- Oficio CMQ/016, de 28 de agosto de 2020, respecto a que funcionarios y trabajadores se acogieron al derecho de jubilación periodo 2019-2020. El derecho de jubilación Ia tienen todos quienes hayan cumplido los requisitos establecidos para este caso y será su autoridad señor juez quien disponga en este proceso la entrega de la misma a su autoridad en virtud de haberse iniciado la presente acción de Acceso a Ia información. 2.6.- Oficio N9 019 SC-GAD, de 16 de octubre del 2020, respecto de Ia base legal para desvincular a funcionarios. La información solicitada no es privativa de la Institución Municipal por que consta en Ia LOSEP y su reglamento y coma se sabe es de conocimiento público y general; y, los señores concejales con más razón como legisladores están llamados a revisarla y conocerla a profundidad, por manera que este tipo de solitudes no pueden desviar Ia atención de los funcionarios municipales por ser obvias y estamos a lo que disponga su autoridad en la presente acción. 2.7.- Oficio de fecha 21 de octubre de 2020, respecto de las deudas flotantes para el ejercicio financiero del ario 2020. Los señores concejales deben hacer uso de la página del Ministerio de Economía para acceder a la información solicitada, por las consideraciones expuestas en líneas anteriores. 2.8.- Oficio N2030-SC-GADMQ, de 13 de noviembre de 2020, respecto del informe de Auditoria a la Unidad de Administración del Talento Humana del GAD del Cantón Quilanga. Los señores concejales deben hacer uso de la página de la Contraloría para acceder a la información solicitada, por las consideraciones expuestas en limas anteriores. 2.9.- Oficio 032-SC-GADCQ-2020 de fecha 01 de diciembre del 2020, sobre desvinculación de cuatro funcionarios del GAD del Cantón Quilanga. El GAD del cantón Quilanga al igual que muchas instituciones a nivel del Ecuador, ha sufrido un recorte presupuestario, sumándose a ello Ia falta de transferencias para la institución, lo que ha motivado que se reduzca el número de personal en la institución municipal. 2.10.- Oficio N2 031-SC-GADCQ-2020, de 02 de diciembre de 2020, copias sobre los procesos de adquisición de materiales de bioseguridad y kit alimenticios, realizados dentro de Ia emergencia Sanitaria. Señor Juez, los señores concejales, un tanto desorientados en el espacio, solicitan información referente a los procesos de Adquisición materiales de bioseguridad y kit alimenticios, realizados dentro de la emergencia Sanitaria, pero se refieren al municipio de Loja, documento que se encuentra a Fojas 13, cómo entonces el GAD del Cantón Quilanga puede entregar información que corresponde al municipio de Loja, porque textualmente dice » Actas de entrega-recepción por parte de la casa comercial al Municipio de Loja»; por tanto es a dicha institución donde deben acudir los accionantes, porque se evidencia con ello que hay concejales que están fiscalizando y legislando para el municipio de Loja y no pare el GAD del Cantón Quilanga. Sin embargo si quisieran información del GAD del Cantón Quilanga, somos reiterativos que el acceso a Ia información en el portal de Compras Públicas, es público y no se requiere de estos incidentes para ésta información. 2.11.- Oficio de fecha 28 de enero del 2021, sobre orden de movilización de maquinaria del GAD del Cantón Quilanga el día miércoles 27 de enero del 2021. Al ser un día normal de trabajo y estar realizando labores de mantenimiento de la vialidad, pare este tipo de movilizaciones ninguna entidad del Estado obliga que se emita una orden de movilización alguna dentro de las horas y días laborables, por tal motivo no se puede entregar un documento inexistente para esta información. 2.12.- Oficio No.032-SC-GADC, de 12 de marzo de2021, solicitando copia de Ia proforma presupuestaria para el ejercicio económico 2021 y liquidación del presupuesto 2020. Los señores concejales, pese a las limitaciones y falta de materiales de oficina, recibieron en físico el Proyecto del Presupuesto para el año 2021 mismo que fue aprobado en sesión de concejo de fecha 04 de diciembre del 2020, y que nuevamente lo están solicitando, pues ya se les entrego la documentación y está en manos de los señores concejales, por lo tanto solicitamos se remitan a la página del Ministerio de Economía a Ia cual tienen libre acceso los señores concejales también. Señor Juez, No se ha negado información pública tal como hacen referencia los señores concejales al invocar el Art. 47 de Ia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ya que Ia información se encuentra en los diferentes portales institucionales en los cuales la ciudadanía en general y ellos como concejales puede tener libre acceso a Ia información. 6.- EXCEPCIONES PREVIAS Improcedencia de Ia Acción por cuanto no se ha vulnerado sus derechos pues no solo los señores concejales, si no la ciudadanía en general tienen toda la potestad de ingresar a las paginas electrónicas institucionales y verificar Ia información que requieran. 7. – FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO. DE HECHO: La presente contestación a la acción planteada, Ia realizamos en base a los hechos relatados en líneas anteriores donde señalamos que los señores concejales tienen plena libertad para acceder a la información institucional a través de las paginas institucionales, como son SERCOP, Contraloría General del Estado, Ministerio de Finanzas, entre otras y con ello en sus dignidades de concejales ayudar a que la institución municipal no erogue recursos económicos en reproducción de documentos que a Ia final no sabemos qué destino pueda tener finalmente, esto en relación a Ia escasa economía que estamos atravesando. DE DERECHO: Nos amparamos en las disposiciones contempladas en los Arts. 11, 82, 238, 240, 424; de Ia Constitución de la República del Ecuador; Arts, 5, 6, 53, 59, 60 lit. a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 8.- LA PRETENCION CLARA Y PRECISA QUE SE EXIGE: Señor juez, como se demuestra Ia información que manifiestan se le ha negado, no es de las características que amerite esta Acción Constitucional, más bien obedece a una furtiva intención de desviar nuestra atención de los verdaderos problemas del Cantón. Que en sentencia se digne rechazar Ia presente acción por improcedente, obligándonos a litigar indebidamente, ya que la información del GAD del Cantón Quilanga se encuentra disponible en las diferentes páginas institucionales”. Las partes hicieron uso de la réplica insistiendo cada uno en sus alegaciones ya anotadas. QUINTA: Con la finalidad de justificar la violación del derecho alegado, los accionantes han presentado desde fs.1 a 15, todos los oficios enviados al señor Alcalde accionado solicitando la información pública requerida en los mismos, de los cuales los accionados no están demostrando que hayan entrega la información pública solicitada o el impedimento que pudiesen tener para la entrega de la misma por ser confidencial o reservada, estratégica o sensible a los intereses de la entidad, configurándose una denegación tácita de la información solicitada y por lo tanto la denegación del derecho al acceso a la información pública. En este sentido el Art.86.3 de la Constitución de la República, dice que se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante, cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información, valga decir, que la entidad demandada como desatendiendo o tratando de justificar la violación del derecho reclamado, ya que estaba en la obligación de entregar la información pública requerida, sostuvo en la audiencia, que la información requerida está subida en varios portales institucionales donde es de fácil acceso a los Concejales y que debieron recurrir a estos portales para la obtención de la información reclamada y no obligar a la entidad a erogar gastos para la entrega de la misma, en fin, los accionados, no negaron la no entrega de la información solicitada, más bien confirmaron con su posición-exposición no haberla entregado, teniendo el criterio de que los accionantes debieron recurrir a través de otros medios o mecanismos para la obtención de la misma, deslindándose de la responsabilidad que tienen como titulares de la entidad o representantes legales, de ser el o los responsables y garantizar la atención suficiente y necesaria a la publicidad de la información pública que genera la institución, así como su libertad de acceso. SEXTA: El derecho de acceder a la información pública, está dado en nuestra Constitución en el Art. 18.2, que dice “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información”, este derecho se armoniza con el de petición, establecido en el Art.66.23 ibídem. El acceso a la información pública se encuentra consignado también en los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos, que forman parte del Bloque de Constitucionalidad, concretamente en el Art.13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que en la parte pertinente dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”; también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuando en su Art.19 se refiere a las libertades de opinión, expresión e información, mencionando que: “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. El derecho establecido en la constitución y la ley, en un Estado democrático como es el nuestro, es el acceso libre y general a la información que reposa en el Estado y sus instituciones salvo las excepciones que la propia norma establece, esto es respeto y desarrollo de los derechos de las personas como conciudadanos en la plena vigencia de la existencia del Estado Democrático en que vivimos, donde sus autoridades principalmente están llamados en primer orden a ser los garantes de la vigencia y respeto a todos los derechos instituidos en nuestra carta magna, cuyo desarrollo, ejercicio y progreso se regla a través de los principios que reconoce el mismo Art.11 de la Constitución. Esto, como ha dicho nuestra Corte Constitucional, para “garantizar el derecho a acceder a las fuentes de información como medio de participación democrática respecto del manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos los funcionarios e instituciones del Estado y que es necesario que se haga efectivo el principio de publicidad de los actos, contratos y gestiones de las instituciones financiadas con recursos públicos”. SEPTIMA: En garantía del derecho de acceso a la información pública, que permita su vigencia material, no solo la constitución sino también la ley, ha previsto entre otras las siguientes facultades a quien se sienta afectado en este derecho: 1) En lo Administrativo: la posibilidad de acceder directamente ante la entidad pidiendo la información, conforme el procedimiento y condiciones que constan en los Arts. 9, 19, 20 y 21 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2) Judicial: el recurso de acceso a la información, que debe interponerse en las instancias judiciales: Juez Civil o Tribunal de Instancia, conforme el Art. 22 de la misma Ley; y, 3) Constitucional: la acción de acceso a la información pública, como garantía constitucional jurisdiccional, en la forma prevista en el Art. 91 de la Constitución y Arts.47 y 48 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por manera que ante el inminente desconocimiento o violación del derecho, el afectado tiene todos estos recursos a disponer a su sola voluntad, incluso sin interdependencia de los mismos, pudiendo acceder al que considere más efectivo a sus intereses y a la plena vigencia del derecho, es más, los funcionarios de la administración pública y demás señalados en el Art.1 de la Ley, que incurrieren en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a la información pública, pueden ser sancionados según la gravedad de la falta, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar, conforme así mismo lo comprende el Art.23 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. OCTAVA: El caso expuesto a través de esta acción, bajo la perspectiva expuesta, es evidente que a los señores Concejales del GAD Municipal de Quilanga accionantes, por parte de la autoridad municipal, se les negó de manera tácita la información pública generada en la entidad municipal, siendo muy espurias las justificaciones o alegaciones que se hicieron en audiencia para desconocer el derecho reclamado, como sostener que la información requerida está colgada en varios portales institucionales como de la Sercop, Contraloría, Ministerio de Economía, donde los accionantes deberían recurrir para obtener la información; que el Municipio va incurrir en gastos para la entrega de la información; que las intenciones de los señores Concejales es distraerlos de las verdaderas funciones que se les ha encomendado como autoridades del cantón, entre otras, pero intuyendo con absoluta certeza que en verdad no se entregó la información pública requerida por los accionantes por parte del señor Alcalde. Además se debe tener en cuenta lo siguiente: a) Es verdad y así se ha demostrado en el proceso, que los accionantes en sus calidades de Concejales del GAD Municipal de Quilanga, en ejercicio de su derecho de Fiscalización, han solicitado al Alcalde de la entidad accionada, se les confiera la documentación contenida en el libelo de su demanda y cuyas copias de los oficios respectivos adjuntan a este proceso, información que no ha sido conferida por la entidad accionada; b) El derecho al acceso a la información pública, se reconoce actualmente en normas nacionales y supranacionales como las señaladas más arriba. Es decir, nuestro derecho interno comenzando por la Constitución de la República, concede a toda persona el derecho de buscar y recibir información de manera general, y con ella poder intercambiar, producir, difundir sin censura previa, pero con responsabilidad ulterior. El derecho reconocido en nuestra Constitución está debidamente regulado en normas jerárquicamente inferiores como las ya señaladas, obligando a las instituciones del Estado, es decir, a las entidades públicas, de cumplir con el reconocimiento y ejercicio de del derecho de acceder a la información púbica, a más que toda institución pública en cumplimiento de su administración tiene que observar y cumplir uno de los principios de la administración pública como es el de transparencia previsto claramente en el Art. 227 de la Constitución, en otras palabras, toda institución o empresa pública debe cumplir con transparencia su administración y debe difundir obligatoriamente la información pública que genere a través de la tecnología puesta a su servicio como portales informativos o páginas web y otros mecanismos que viabilicen el ejercicio pleno del derecho a la información pública y principio de transparencia. El Art.91 de la Constitución y Art.47 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, hacen énfasis que la acción de acceso a la información pública, tiene por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna, siendo la única excepción para no entregarla, cuando se funda en el hecho cierto y declarado con anterioridad por la ley, como información pública de carácter confidencial o reservada y la estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas, siendo estas excepciones los únicos casos en los cuales no se podría entregar la información pública, pero de ahí si la autoridad ante quien se hubiera presentado una solicitud de acceso a la información, la negare, no la contestare dentro del plazo establecido en la Ley y su Reglamento, o lo hiciere de forma incompleta, de manera que no satisfaga la solicitud presentada, el afectado está facultado a presentar los recursos administrativo, judicial, o constitucional que creyere conveniente, como en este caso los afectados han deducido la presente acción constitucional, donde ha sido la misma autoridad accionada, que ha señalado que no ha entregado la información solicitada, desconociendo que con dicho proceder se está afectando o violentado un derecho y pretendiendo que la información requerida sea obtenida a través de otros medios por los interesados y no por la autoridad que tiene la obligación de proporcionarla de manera directa, razón por la cual, ante la inminente transgresión de las normas constitucionales y legales, es procedente que el suscrito acepte la acción propuesta y como mecanismos de reparación del derecho violado disponga algunas medidas tendientes a su reparación. NOVENA: La Corte Constitucional en sentencia Nro.107-17-SEP-CC de fecha 19 de abril del 2017 ha dicho: “… el derecho constitucional de acceder a la información pública se ve vulnerado, ya que este no se ve asistido solo por el hecho de entregar la información requerida, sino, más bien, se materializa en la garantía de que dicha información sea entregada en el momento oportuno como señala la Norma Constitucional, de manera que se permita ejercer otros derechos que dependan de ella, por lo que su tutela depende de la valoración de dos conceptos, el de la eficacia y el de oportunidad de acceso eficiente (…). El primer concepto-el de eficacia-, responde a la calidad de información que es entregada mientras que el segundo concepto -el de oportunidad de acceso eficiente-, garantiza el acceso en el instante oportuno en que la información a entregarse permitirá tutelar además otros derechos. En tal sentido, el entregar información con demora, a sabiendas que es materia clave para ejercer derechos dentro de un proceso laboral, también produciría una afectación al principio de inmediación de las partes. De la normativa constitucional y legal, así como del criterio jurisprudencial que preceden, se desprende que el acceso a la información pública constituye un derecho constitucional y una garantía jurisdiccional que permite que las personas puedan acceder a la información considerada como pública, que consiste en todo documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones o personas jurídicas públicas; contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado. No obstante, es importante señalar que para que se configure la vulneración del derecho de acceso a la información pública y proceda el planteamiento de la acción que lo tutela, debe concurrir, sine qua non, al menos una de las siguientes condiciones: que la información requerida al ente público haya sido denegada expresa o tácitamente; que se considere que la información proporcionada no es completa o ha sido alterada; que se haya negado al acceso físico a las fuentes de información, o que la denegación de información se sustente en el carácter secreto o reservado de la misma, así como en información clasificada como estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas, siempre y cuando no haya sido declarada legalmente como tal, de forma previa al requerimiento…”. El derecho a la información que reconoce actualmente la Constitución de la República en su Art.18, que implica entre otros a acceder libremente a la información generada en entidades públicas, sin reserva alguna excepto en los casos expresamente establecidos en la ley, la Corte Constitucional se pronuncia y concluye: “…Es decir, la Constitución de la República concede a toda persona el derecho de buscar y recibir información de manera general, y con ella poder intercambiar, producir, difundir sin censura previa, pero con responsabilidad ulterior. Conforme se desprende de lo transcrito, la actual Constitución de la República recoge el derecho de las personas a acceder a información pública, con la misma excepción regulada ya en la Constitución Política de 1998, esto es, cuando la ley establezca la reserva de información. Adicionalmente, proscribe la reserva cuando se trata de violación a derechos humanos. En síntesis, se debe entender como información pública todo dato generado en entidades públicas o privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones delegadas por este. (…)” (Sentencia Nro.161-18-SEP-CC). Como se ve, el derecho conculcado está ampliamente protegido, siendo la realidad procesal, que a los accionantes se les privó y nunca se les proporcionó la información pública requerida por parte de los personeros y representantes legales del Municipio de Quilanga, cuya denegación tácita, violenta flagrantemente el derecho en disputa, siendo obligación del juzgador el reconocimiento de dicho derecho y su subsanación. Por todo lo señalado, el suscrito juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Gonzanamá, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, acepta la acción constitucional de acceso a la información pública, propuesta por los señores Concejales del cantón Quilanga LIC. ÁNGEL POLIVIO MARÍN ROJAS, SR. LILO JAVIER CALVA ROJAS, ING. JHOANNA CALVA LANDACAY Y LIC. DEICY LETICIA CUEVA CUEVA, en contra de los personeros del GAD MUNICIPAL DE QUILANGA, LIC. MALVIN FREDY CUEVA ROJAS y DR. JHON LENIN PARDO ORTIZ, en sus calidades de Alcalde y Procurador Síndico del referido cantón, declarando que se ha vulnerado el Derecho de acceder libremente a la información pública que garantiza el Art.18.2 de la Constitución de la República del Ecuador. Como medidas de reparación se dispone las siguientes: 1) Que los personeros de la entidad accionada antes mencionados, procedan, en el término perentorio de 20 días, a entregar toda la información solicitada por los señores Concejales y requerida desde el numeral 3.1.1. al numeral 3.1.13., señalados en la demanda, menos la del numeral 3.1.12., ya que como se indicó en audiencia no existe tal información, al efecto la información se entregará y agregará a los autos en copias físicas y en digital a través de cualquier mecanismo electrónico, luego la información será entregada a los accionantes; 2) Se ordena la prohibición de repetición por parte de los personeros Municipales de incurrir en actos u omisiones futuras que vayan en contra de los accionantes al libre acceso a la información pública de la institución, por lo tanto la sentencia ejecutoriada de esta acción, donde se reconoce que se ha vulnerado el derecho al acceso a la información pública de los señores Concejales del cantón Quilanga, se publique en la página WEB del GAD Municipal del cantón Quilanga durante el tiempo de seis meses; 3) Se delega el cumplimiento de esta sentencia a la Defensoría del Pueblo de Loja, quedando encargada de la vigilancia e información de su ejecución por parte de los personeros del Municipio de Quilanga, para lo cual se hará conocer del particular mediante el oficio respectivo; y, 4) No se manda a pagar gastos procesales al no haberse justificado conforme a derecho, es decir, no haberse cumplido los presupuestos de los Arts.284 y 285 del COGEP y Art.12 del Código Orgánico de la Función Judicial. Las partes no apelaron la decisión de manera oral al término de la audiencia, manifestando conformidad en lo resuelto. Finalmente, ejecutoriada la sentencia, será remitida a la Corte Constitucional, conforme lo ordena el numeral 5 del Art.86 de la Carta Magna, por parte de Secretaría de la Unidad Judicial. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.-

f: FLORES CRIOLLO EDGAR CRISTOBAL, JUEZ UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON GONZANAMA

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

MARLON FRANCISCO PACHECO HERRERA

SECRETARIO DEL JUZGADO

Puede que también te guste...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *